El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, organizó este curso dentro del ciclo de seminarios sobre la COVID-19, el pasado 2 de septiembre en el Palacio de la Magdalena, en Santander.
La motivación del seminario se centra en el hecho de que, si algo hemos podido comprobar durante estos meses, con la irrupción de la pandemia en nuestras vidas, ha sido la importancia vital de las infraestructuras, especialmente las sanitarias, así como su planificación, desarrollo y mantenimiento.
José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, centro su discurso en la importancia de la inversión pública y la ingeniería para la recuperación económica. Según un informe elaborado por la AICCPIC, “España necesita mejorar los servicios que aportan las obras públicas, lo que requiere 18.300 millones de euros de inversión anual durante 10 años”. Las obras públicas y los servicios que prestan mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y son imprescindibles para un desarrollo económico y social, con criterios de sostenibilidad ambiental y territorial, por lo que se requiere una importante financiación para recuperar los efectos de la falta de inversión de los últimos años.
En la actualidad, los datos que nos arroja el escenario tras la pandemia no son muy halagüeños, pero “podemos decir que hay luz al final del túnel gracias al pacto que ha habido en la Unión Europea y al programa Next Generation EU, tal y como ha explicado el ministro”. “Ahora cabe preguntarse por el futuro de la ingeniería y si podremos asumir esos proyectos que van a ser financiados por Europa”, apuntó. El futuro de la ingeniería ya está aquí: economía circular y sostenibilidad; gestión de residuos; emergencia climática; movilidad, transporte y vehículo eléctrico/autónomo; Agenda Urbana; conservación del patrimonio de las obras públicas; digitalización de la ingeniería, infraestructuras y servicios. “Los ingenieros de Caminos ya estamos en esto, tal y como vimos en el Congreso Nacional que celebramos en febrero”, señaló Trigueros.
Así, “mantener la inversión pública en infraestructuras en torno al 2% del PIB durante los 3 próximos años permite generar casi 600.000 nuevos empleos en construcción y supone un retorno fiscal del 50%, lo que favorece el equilibrio presupuestario”, apuntó. Por séptimo año consecutivo, durante 2018 se destinó menos del 1 % del PIB a obra pública en España, a gran distancia de la tasa media en los países desarrollados (2%) y lo mismo sucede en conservación del patrimonio construido. “Tenemos la necesidad imperiosa de la puesta en marcha de políticas de reindustrialización que aproximen la participación del PIB industrial a la de los países más desarrollados de nuestro entorno económico (Alemania:20,8%, Media UE: 14,5%, España:12,6%)”, explicó Trigueros. Y añadió: “La calidad que oferta el empleo industrial es de mayor valor añadido, requiere profesionales de mayor nivel de formación, de carácter menos estacional y, por consiguiente, más estable y mejor retribuido”.
La crisis ha acelerado también la transformación digital de la sociedad y ha indicado el camino por el que continuar: “Cuando los cambios son exponenciales es difícil hacer predicciones, pero hay cuatro principios que se van a cumplir: todo lo que se pueda digitalizar, automatizar, conectar, y analizar, se realizará, y el ingeniero de telecomunicación será imprescindible en esta nueva sociedad”.
También el sector marítimo se va a ver notablemente modificado, ya que se producirán cambios en las rutas comerciales debido a las menores restricciones en los puertos hub que actúen de distribuidores internacionales y se disminuirá el mercado naval de Oil & Gas por la caída del precio del petróleo. Se espera una ralentización del mercado de actividades relacionadas con el ocio y turismo hasta que se dispongan de medios de contención, control o vacunas, pero también un incremento en la demanda de servicios de ingeniería y fabricación asociados al desarrollo sostenible y a las energías renovables.
Finalmente, se refirió a la colaboración público-privada: “Es fundamental, pero hay que estructurarla muy bien. Necesitamos la Ley de Colaboración Público-Privada, ya en marcha, y que todos pongamos de nuestra parte y nuestro saber-hacer al servicio de estas fórmulas”. Sobre licitaciones, aseguró que el precio debe tener su justo valor. Y puso el foco en la investigación en todos aquellos campos que nos van a aportar un valor añadido fundamental para que nuestras empresas sigan siendo líderes.
