Madrid, abril de 2026 – Durante años, la seguridad de las infraestructuras hidráulicas en España ha sido un asunto conocido en el ámbito técnico, pero escasamente presente en la agenda pública y política. Hoy, esa realidad ha cambiado. La reciente aprobación del Anteproyecto de Ley de Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas marca un punto de inflexión: el agua deja definitivamente de ser un recurso invisible para convertirse en una prioridad estratégica de país.
Este cambio no surge de manera espontánea. Es, en gran medida, el resultado de un trabajo constante, riguroso y sostenido en el tiempo por parte de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que ha venido advirtiendo sobre las vulnerabilidades del sistema hidráulico español y la necesidad urgente de actuar.
Desde hace años, la Asociación con Jesús Contreras a la cabeza, ha puesto sobre la mesa una realidad incómoda: una red de presas e infraestructuras con una edad media elevada, en muchos casos diseñadas bajo criterios que ya no responden a las condiciones climáticas actuales, y sometidas a una presión creciente tanto por fenómenos extremos como por la falta de inversión en mantenimiento y modernización. Lejos de caer en el alarmismo, el mensaje ha sido claro y técnico: no estamos ante un colapso inminente, pero sí ante un riesgo acumulado que exige anticipación.
Esa labor de concienciación ha sido clave para generar una mirada más crítica —y más realista— sobre el estado del sistema. Hoy, conceptos como resiliencia, gestión del riesgo o adaptación al cambio climático forman parte del debate público, algo impensable hace apenas unos años. Y es precisamente esa conciencia colectiva la que ha permitido que las instituciones den un paso adelante.
La nueva ley recoge, en gran medida, muchas de las preocupaciones que el sector venía trasladando: la necesidad de evaluar riesgos de forma integral, la incorporación de amenazas emergentes como la ciberseguridad, la obligatoriedad de planes de resiliencia y, sobre todo, la exigencia de actuar sobre infraestructuras que acumulan décadas sin una renovación suficiente.
El reconocimiento de las infraestructuras hidráulicas como elementos críticos de la seguridad nacional supone un cambio cultural profundo. Ya no basta con que presas, redes o estaciones de tratamiento funcionen correctamente en condiciones normales; deben ser capaces de resistir, adaptarse y recuperarse ante escenarios extremos, desde inundaciones hasta ataques digitales.
En este contexto, el papel de la ingeniería vuelve a situarse en el centro. No solo como disciplina técnica, sino como garante de la seguridad de los ciudadanos. La experiencia acumulada por los ingenieros de caminos ha sido determinante para trasladar a la sociedad y a los responsables públicos la dimensión real del reto.
Pero la ley, por sí sola, no resuelve el problema. Abre una oportunidad —quizá histórica— para abordar de forma decidida la modernización del sistema hidráulico español. Una oportunidad que exige inversión sostenida, planificación a largo plazo y una coordinación efectiva entre administraciones y operadores.
También implica asumir que la seguridad tiene un coste, pero que la inacción lo tiene mucho mayor. Cada presa que no se adapta, cada red que pierde eficiencia, cada sistema que no se protege frente a nuevas amenazas, incrementa un riesgo que ya no puede seguir acumulándose.
En este nuevo escenario, es justo reconocer que el avance no es fruto de la improvisación, sino del conocimiento técnico aplicado con responsabilidad. La Asociación de Ingenieros de Caminos ha contribuido de manera decisiva a situar este debate donde corresponde: en el centro de las políticas públicas.
Ahora comienza la fase más exigente: convertir la norma en realidad. Porque la resiliencia no se legisla, se construye. Y se construye con ingeniería, con inversión y con una visión compartida de país.
España ha dado el paso. La conciencia existe, el marco normativo también. El reto, a partir de ahora, es estar a la altura.
