La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, perteneciente al Instituto de la Ingeniería de España, ha celebrado hoy en Madrid la jornada “Un año después de la DANA: ¿estamos preparados?”, en la que expertos del ámbito de la ingeniería, la administración y la universidad han analizado las lecciones que dejó la catástrofe que hace un año afectó gravemente a la Comunitat Valenciana y otras zonas del país.
El encuentro, moderado por el Ingeniero de Caminos Ramiro Aurín, vicepresidente del Foro Agua, Alimentos y Sostenibilidad, ha puesto de manifiesto que España no está preparada para soportar fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, como la DANA del 29 de octubre de 2024, que causó importantes pérdidas humanas, materiales y medioambientales.
La tragedia de la DANA: un riesgo previsible y evitable
La presidenta del Instituto de la Ingeniería de España, María Cruz Díaz, abrió la jornada recordando que “la ingeniería es una herramienta esencial de prevención y seguridad ciudadana, no solo de desarrollo económico”. Por su parte, José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, señaló que la DANA de 2024 “demostró las consecuencias de décadas de retraso en inversión y planificación”.
“Si las infraestructuras hidráulicas previstas se hubieran ejecutado, el número de víctimas y los daños materiales habrían sido mucho menores”, subrayó Trigueros. “Algunas de ellas —como las obras de laminación en la rambla del Poyo— habrían permitido retener parte de la avenida y dar más tiempo para salvar vidas”.
El presidente de la Asociación Caminos insistió en que “no se trata de demonizar las obras hidráulicas, sino de entender que son la mejor defensa ante fenómenos naturales cada vez más violentos”.
Un balance devastador: más de 17.000 millones en pérdidas y 600.000 personas en riesgo
Durante la jornada, los expertos recordaron que la DANA afectó inicialmente a 75 municipios, ampliándose después a más de 90, con un balance de 130.000 viviendas dañadas y 1,1 millones de personas afectadas, el 41% de la población de la provincia más golpeada. Las pérdidas materiales y en activos superan los 17.000 millones de euros.
Las infraestructuras viarias y ferroviarias sufrieron graves daños. Fernando Ugena, subdirector de Operaciones Este de ADIF, explicó que la red ferroviaria “se vio sometida a tensiones inéditas” y que “es necesario un plan de refuerzo integral en trazados críticos, especialmente en la conexión litoral, donde las avenidas se multiplican en frecuencia e intensidad”.
Por su parte, María José Martínez, directora general de Infraestructuras Viarias de la Generalitat Valenciana, señaló que “las carreteras autonómicas resistieron mejor donde existía planificación preventiva y obras de drenaje modernizadas, pero en otras zonas el colapso fue total”.
En total, las inversiones necesarias para restablecer y reforzar las infraestructuras dañadas se estiman en más de 12.000 millones de euros, de los que 1.700 millones corresponden a actuaciones hidráulicas prioritarias y 7.000 millones a la red ferroviaria.
Además, la jornada puso de relieve la alarmante reducción de recursos en la administración de infraestructuras hidráulicas. Las confederaciones hidrográficas han perdido personal técnico en los últimos años —de 4.253 empleados en 2019 a 3.772 en 2023—, lo que supone un descenso del 11,3 % en plena crisis climática.
A ello se suma un presupuesto claramente insuficiente para el mantenimiento de presas: en 2023, el MITECO destinó apenas 16,25 millones de euros a conservación, con solo 18 expedientes activos para un parque de 154 presas.
La magnitud del episodio y de las actuaciones necesarias dimensiona el problema:
- 75 municipios afectados inicialmente, ampliados a más de 90.
- Más de 130.000 viviendas dañadas y 1,1 millones de personas afectadas directamente (el 41,7 % de la población de la provincia más castigada).
- Pérdidas estimadas en activos superiores a 17.000 millones de euros.
- Inversiones estratégicas necesarias por más de 12.500 millones, de los cuales 1.763 millones corresponden a actuaciones hidráulicas y 7.297 millones a infraestructuras ferroviarias.
En la Comunitat Valenciana existen 505 municipios con riesgo de inundación y una población expuesta superior a 600.000 habitantes, una cifra que evidencia la urgencia de reforzar tanto la gestión como los medios materiales y humanos del sistema hidráulico español.
Forata: el símbolo del riesgo
Uno de los casos más paradigmáticos fue el de la presa de Forata (Valencia), cuyo comportamiento durante la DANA fue clave para evitar un desastre aún mayor, pero también puso de relieve las carencias estructurales del sistema de seguridad hidráulica.
Durante el episodio, Forata soportó caudales de entrada de más de 1.000 m³/s, con una punta que duplicó los valores previstos en los modelos de diseño. La presa logró retener cerca de 22 hectómetros cúbicos de agua, evitando que la riada alcanzara niveles catastróficos aguas abajo. Sin embargo, carecía de plan de emergencia implantado, sin sirenas ni sistemas de aviso a la población.
“Forata contuvo la avenida, pero la falta de nivel 3 en su plan de emergencia (la fase de aviso y evacuación de la población) demuestra que dependemos de la suerte más que de la planificación”, señaló el catedrático Teodoro Velázquez, quien calificó el episodio como “una tragedia evitable”.
“El riesgo era previsible”, añadió el profesor Vicent Esteban Chapapría, de la Universidad Politécnica de Valencia, “pero seguimos reaccionando después de cada desastre, en lugar de anticiparnos a ellos”.
La ausencia de protocolos activos hizo que más de 110.000 personas vivieran horas de incertidumbre bajo una presa que, de haber fallado, habría liberado una avenida de más de 20.000 metros cúbicos por segundo.
Rehacer, transformar: hacia una cultura de la prevención
Los ponentes coincidieron en que la reconstrucción posterior no debe limitarse a reparar los daños, sino aprovecharse para transformar el modelo de gestión del riesgo y fomentar una auténtica cultura de la prevención.
En palabras de José Carbonell Castelló, secretario técnico del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante, “los biosistemas, los cauces y las infraestructuras verdes deben integrarse con la ingeniería civil para mejorar la resiliencia del territorio. Solo entendiendo la naturaleza como aliada podremos mitigar los efectos de las lluvias torrenciales y las avenidas”.
En la misma línea, el catedrático Antonio Serrano, exsecretario de Estado de Ordenación del Territorio, subrayó que “no basta con diseñar obras: hay que mantenerlas, vigilarlas y gestionarlas con criterios técnicos, no políticos”.
Serrano advirtió además que la vulnerabilidad frente a la DANA no solo se explica por las lluvias extremas, sino también por un modelo urbanístico que ha ignorado los riesgos naturales: “En los últimos años se ha permitido un urbanismo desaforado en áreas inundables, ocupando cauces, vegas y suelos que deberían haberse preservado como zonas de flujo. Hemos planificado contra el territorio, no con él. Cada nueva vivienda en zona de riesgo es una vulnerabilidad añadida y una responsabilidad que tarde o temprano se paga.” El experto reclamó una planificación territorial basada en el riesgo real, con mapas de peligrosidad actualizados, límites estrictos a la edificación en zonas inundables y una revisión profunda del planeamiento urbanístico en los municipios con mayor exposición.
Los participantes coincidieron en la necesidad de una estrategia nacional de infraestructuras resilientes frente al cambio climático, que incluya la limpieza de cauces, la modernización de drenajes, la actualización de mapas de riesgo, sistemas de alerta temprana y planes de evacuación activos.
Coloquio: experiencia y enseñanzas
La jornada concluyó con una mesa redonda moderada por Ramiro Aurín, en la que participaron profesionales de distintas áreas con experiencia directa en la gestión y respuesta ante episodios extremos. Intervinieron Jordi Azorín, de Veolia Comunidad Valenciana; Federico Bonet, doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; Antonio Serrano, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia; José Alfonso Soria, presidente de la Comunidad de Regantes de Liria, Acequia de Mislata y FECOREVA; y Francisco Ferrandis, jefe de sector Valencia Capital i-DE.
Los ponentes coincidieron en que la cooperación público-privada y la implicación de todos los agentes —técnicos, administraciones y ciudadanía— son esenciales para construir una infraestructura de seguridad hídrica sólida, moderna y sostenible.
Subrayaron también la importancia de recuperar la cultura del mantenimiento, la planificación territorial responsable y la educación ciudadana ante emergencias como elementos clave para reducir la vulnerabilidad del territorio.
Conclusiones: invertir en prevención es invertir en vidas
La jornada concluyó con un consenso claro: España necesita planificar, invertir y gestionar con criterios técnicos, no solo tras una catástrofe, sino antes de que ocurra. “De haber existido planes de emergencia activos y las infraestructuras ejecutadas, hoy hablaríamos de otra cosa”, insistió José Trigueros en la clausura. “Tenemos la capacidad técnica, pero falta decisión. Invertir en prevención no es un gasto: es invertir en vidas humanas”.
